El radicalismo presentó esta mañana ante la justicia electoral platense la impugnación de los candidatos "testimoniales" del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires.
El recurso judicial presentado por el titular de la UCR, Gerardo Morales, sostiene que esas postulaciones son "falsas" y por lo tanto defraudan a los electores. La impugnación cuestiona la presentación del presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, por su rápido cambio de domicilio para poder anotarse como primer candidato a diputado nacional por la provincia.
En el caso de Kirchner se pidió que se investigue la radicación domiciliaria en el distrito bonaerense, mientras que en el caso del gobernador Daniel Scioli, y del jefe de gabinete, Sergio Massa, por tratarse de postulaciones para cargos que, según se anunció públicamente, no asumirán.
La objección también recae sobre los "intendententes-candidatos testimoniales". Estas serán presentadas en las juntas electorales donde cada jefe comunal se propone competir. La Justicia tendrá cinco días para pasar vista a los señalados y seguir evaluando la situación.
Morales consideró que la candidatura de Scioli “rompe con el principio de autenticidad”, ya que es evidente que no asumirá la banca si gana. Ayer, Ricardo Gil Lavadra, candidato a legislador por el Acuerdo Cívico y Social, aseguró que Scioli "debería renunciar ahora" para asumir como diputado a fin de año, de resultar electo, "porque el artículo 73 de la Constitución impide a los gobernadores ser diputados", y la sola postulación "implica el compromiso intrínseco de asumir el cargo".
EL PDP SE ALINEÓ A LA DENUNCIA. El Partido Demócrata Progresista (PDP) también impugnó esta mañana la candidatura del gobernador Daniel Scioli. La presentación estuvo a cargo de los apoderados del PDP bonaerense, Alfredo Abuin y Norberto Fiorenza.
En un comunicado, los dirigentes del partido consideraron que el artículo 73 de la Constitución Nacional determina que “los Eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso Nacional, ni los Gobernadores de Provincia por la de su Mando”. Desde ese espacio político sostienen, "no sólo sería un acto de cinismo imperdonable de los responsables del Gobierno para con los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, sino que lo haría incurrir en el delito penado por el artículo 140".
Ese artículo del Código Nacional Electoral sanciona con pena, de hasta dos años, a quienes induzcan el voto con engaños, señala el comunicado de prensa del partido de Lisandro De la Torre.
EL PRO NO IMPUGNA. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por su parte sostuvo que su partido político "no impugnará judicialmente" a los funcionarios que tengan cargos ejecutivos que presenten en las próximas elecciones, y pronosticó que su espacio "renovará" las bancas que ocupa en la actualidad.
"No coincidimos" con las candidaturas de gobernadores e intendentes, "pero no vamos a hacer impugnaciones judiciales", dijo Macri en declaraciones que formuló poco antes de encabezar una reunión de su gabinete, en la sede de la Agencia Gubernamental de Control, en Perón 2933 de la ciudad de Buenos Aires.
Macri dijo que esperaba una campaña electoral "con ideas" y que "la actitud tanto de Gabriela Michetti como de Francisco de Narváez va a ser la contribuir con propuestas concretas en temas tan centrales como son la seguridad, el empleo, la educación pública que tenemos que recuperar".
